La represión y la criminalización no finalizaron con la defenestración del gobierno Patriota, puesto que son políticas de estado y el instrumento fundamental para el despojo de bienes comunes y territorios. Vemos algunos de los casos de criminalización y violencia en el inicio de 2017.

Captura de Abelino Caab Chul.  Abelino acompaña a 29 comunidades de la Sierra Santa Cruz en donde confluyen diferentes intereses finqueros (como el de la finca El Murciélago), de empresas como Maya Niquel y del alcalde municipal de El Estor, Rony Méndez Caal. Es defensor de derechos humanos maya q´eqchi´, estudiante universitario y promotor social  de la Fundación Guillermo Toriello en el valle del Polochic. Fue capturado el pasado 4 de febrero.

Resistencia la Puya. Un nuevo episodio de criminalización se da cuando tres integrantes de la resistencia son condenados  a nueve años de prisión por los delitos de coacción, amenazas y detenciones ilegales. Los nueve años de prisión son conmutables a razón de diez quetzales diarios pero, de no hacerse efectivo este pago, las personas serán privadas de libertad.

Lucha por derechos laborales.  La empresa San Gregorio Piedra Parada acusa  de invadir sus instalaciones y destruir cultivos, entre el 20 y 23 de junio del año pasado, a dirigentes comunitarios. Lo que en realidad sucede es que los dirigentes acompañan a unos 250 extrabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada que fueron estafados por los propietarios de dicha empresa agroexportadora. Los dueños de la empresa (hoy familia Quintanal, quien la compró a la familia Campollo) estafaron en promedio 40,000 quetzales a cada trabajador, pues descontaron las cuotas del IGSS pero nunca las ingresaron, por lo que los trabajadores no pueden acceder a su jubilación ni otras prestaciones del seguro social.

Presos políticos en San Marcos y Sierra de las Minas. El conflicto con empresas hidroeléctricas y la transnacional Energuate por abusos en el cobro de energía y la prestación del servicio, mantiene a once personas en calidad de presos políticos, en espera de juicio o de la libertad porque ya tienen sentencia exculpatoria. En Sierra de las Minas las comunidades reportan 34 órdenes de captura y dos dirigentes en prisión.

Asesinatos de Laura Leonor Vasquez y Sebastián Alonso Juan, opositores a proyectos extractivos. Laura Leonor Vásquez, de 47 años, era integrante del Comité de Defensa de la Vida de San Rafael Las Flores y participante en la resistencia frente al megaproyecto minero San Rafael. Fue asesinada en su negocio el 16 de enero.

Sebastian Juan Alonso, de 72 años de edad y originario de la comunidad de Yulchen, fue asesinado durante una manifestación comunitaria contra la presencia de la empresa Promoción y Desarrollos Hidricos, en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El asesinato ocurrió el 17 de enero.

Criminalización de autoridades indígenas y comunitarias del pueblo ch´orti´ .  22 líderes y autoridades indigenas de comunidades del Pueblo Ch’orti’ en Olopa, Chiquimula, organizados en la Central de Organizaciones Indigenas Campesinas Ch’orti’ Nuevo Día, han sido criminalizados por la empresa minera Los Manantiales, que se ha instalado sin consulta en el territorio.  Están acusados por acciones en defensa de la vida y el territorio. Una próxima audiencia está prevista para el 28 de febrero.

La lucha por la defensa del territorio, el derecho a decidir, los bienes comunes, la madre tierra y la vida es una lucha de todos.

Nuestro compromiso es luchar por el fin de la represión y la libertad de todos los presos políticos.