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Minería en Santa Rosa: la economía del delito

La Asamblea Territorial Región Oriente de la Asamblea Social y Popular determinó que las autoridades comunitarias, autoridades ancestrales, mujeres, jóvenes, tienen que intervenir para la fundación de un Estado Plurinacional.

Texto e imágenes: Santiago Botón

Nosotros hemos calificado la explotación minera como la economía del delito, expresó enfáticamente un joven originario del municipio de San Carlos Alzatate, Jalapa, que participó en la Asamblea Territorial Región Oriente de la Asamblea Social y Popular, realizada el 2 y 3 de octubre del año en curso.

Lo llamamos así porque esas empresas se instalan y hacen sus riquezas a costa de la violencia, de la vida de las comunidades, de la destrucción de la madre naturaleza,  relató el joven.

De hecho, la Asamblea Territorial fue celebrada en el municipio de Casillas, Santa Rosa, justo en el lugar donde cumple cuatro meses una resistencia pacífica en contra de la Minera San Rafael, que opera en los cerros del municipio de San Rafael las Flores.

A esa minera le atribuyen estar causando diferentes estragos en las comunidades circunvecinas; una de ellas es  La Cuchilla, que en “vox populi” es denominada la comunidad fantasma, porque la mayoría de sus habitantes huyeron a consecuencia del desastre ocasionado por la explotación.

Y no solo esa comunidad, expresan los asambleístas, quienes muestran fotografías tomadas con sus teléfonos móviles de las viviendas rajadas en otras comunidades, inclusive en la periferia del casco urbano, según atestiguan.

En La Cuchilla únicamente quedan 16 familias de más de 70 que existían antes de la llegada de la minera. Una señora de la comunidad dijo que también están en resistencia y no abandonarán La Cuchilla, pase lo que pase . ¡Por cierto! Dicen que el párroco de San Rafael ordenó cerrar la iglesia católica con varios candados y recogió las imágenes. Las 16 familias lo han interpretado como otra medida de presión para que abandonen el lugar.

A uno de los abuelos presentes en la Asamblea le preguntamos por qué  las comunidades tienen que sufrir esas tragedias:  ¿acaso no tienen derecho de decidir por una vida digna, acaso no viven en un país donde la primacía del Estado es garantizarle a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona? Llanamente respondió que el actual sistema ha estallado en un Estado impulsor de la muerte de sus habitantes, y que el gobierno y los políticos se han convertido en los principales serviles a estas empresas.

Santos Sapón, un abogado Maya K’iche’, lo nombró de otra manera, lo llamó el capitalismo criminal que, según sus declaraciones, además de rematar con la vida,  también ha atropellado al Estado para consumar su embestida.

Durante las plenarias y las intervenciones en la Asamblea Territorial prevaleció que las comunidades, a través de sus autoridades comunitarias, autoridades ancestrales, mujeres, jóvenes, tienen que intervenir para la fundación de un Estado Plurinacional, desde sus propias cosmogonías, si no se quiere seguir con el actual sistema. ¡Recordemos compañeros que el poder lo tiene el pueblo y no los diputados ni el Presidente!, expuso uno de los presentes.

Comunidad La Cuchilla, prácticamente destruida y abandonada

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