La Asamblea Social y Popular Territorial de la Costa Sur, integrada por organizaciones sociales, articulación de mujeres, organizaciones juveniles, comunidades en resistencia de la costa de San Marcos, costa de Quetzaltenango, costa de Sololá, costa de Chimaltenango, los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla.
Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional

Que durante los días seis y siete de octubre del presente año, en los días kab’lajuj tz’i’ y oxlajuj b’atz’, en el calendario sagrado maya, las organizaciones de la Costa de San Marcos, Costa de Quetzaltenango, Costa de Sololá, Costa de Chimaltenango, los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla que nos encontramos articulados en la Asamblea Social y Popular, realizamos la Asamblea Territorial de la Costa Sur, en la que analizamos los acontecimientos políticos que están ocurriendo en el país y la relación de esta con la realidad territorial.

En esta Asamblea, reiteramos nuestro rechazo a las acciones que las élites económicas, las mafias, el crimen organizado, están realizando para garantizar su voraz enriquecimiento basado en la acumulación y despojo de los recursos y bienes naturales y el trabajo de los pueblos, amparados en la ilegalidad e impunidad en detrimento de los derechos de la madre naturaleza y del derecho de nuestros pueblos y comunidades.

Reiteramos nuestra denuncia de explotación laboral en el campo, la contaminación y destrucción de la madre tierra y la naturaleza para expandir los monocultivos en la región, la enfermedad y muerte de seres humanos y la biodiversidad provocados por la impune fumigación aérea de agrotóxicos para favorecer la expansión de los monocultivos en detrimento de la producción de alimentos para la población, la persecución penal de nuestros líderes y representantes, la desinformación que promueven los medios corporativos de comunicación, razón por la cual pedimos a las instituciones de defensa de los derechos humanos y la comunidad internacional que atiendan nuestras denuncias.

Reiteramos nuestro rechazo a las intenciones y acciones de privatización de los servicios públicos como la educación, la salud y las intenciones de no invertir en el mantenimiento y construcción de carreteras, que tienen como finalidad justificar la privatización de las mismas en perjuicio de la circulación y movilización de los más pobres y de nuestros pueblos.

También reiteramos nuestro rechazo a los actos de violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia, producto de la cultura patriarcal y machista que continúa expandiéndose en las comunidades.

Rechazamos la organización de mesas técnicas de diálogo y diálogos nacionales organizados por las élites económicas, las élites políticas y sus líderes mafiosos y corruptos, que no son representativos y que solo entretienen a la población, y bajo cualquier pretexto pretenden mantener los privilegios ilegales que siempre han disfrutado.

Reiteramos nuestro rechazo a todas las acciones que realiza cualquier organismo, institución, funcionario, empleado público o sector para neutralizar, eliminar o criminalizar la resistencia y lucha de nuestros pueblos para que el Estado refleje la realidad plural y diversa.

Que hemos observado con mucho cuidado el desarrollo de la crisis política en que las élites económicas, las mafias y el crimen organizado han sumido al Estado, el comportamiento de los grupos sociales y las élites del poder económico cuyas actitudes rechazamos, especialmente la actitud del señor Álvaro Arzú Irigoyen quien no se encuentra en la solvencia para hablar en los términos que lo hace, sobre todo señalando la intrusión de extranjeros en el país y le exigimos que por el bien del país, se retracte públicamente del discurso de enfrentamiento que dirige a la población para promover confusión y violencia.

Saludamos las acciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala, encabezadas por la Fiscal General Thelma Esperanza Aldana Hernández y el Comisionado Iván Velásquez Gómez, que continúan realizando su trabajo para erradicar la impunidad articulada por las élites mafiosas y corruptas que se encuentra infiltradas dentro del Estado y pedimos a toda la población a no dejarse engañar por los medios de comunicación que encubren la corrupción y la impunidad.

Refirmamos públicamente nuestro derecho ancestral sobre la tierra y los bienes naturales que nos heredaron nuestros antepasados y que seguiremos defendiendo, porque no somos intrusos en nuestra propia tierra, por eso nos sumamos a la lucha de las autoridades indígenas ancestrales que han interpuesto acción constitucional de amparo en contra de la iniciativa de ley 5188, Ley de Regularización de Tierras, que pretende legalizar el despojo ilegal de las tierras que nos heredaron nuestros antepasados.

Asimismo, reafirmamos nuestra adhesión a la Asamblea Social y Popular y nuestro compromiso a favor de la erradicación de la corrupción y la impunidad infiltrada en el Estado y a seguir en la ruta para la construcción colectiva del Estado plurinacional.

Instamos a las organizaciones sociales de nuestros territorios, sumarse en la lucha articulada desde la Asamblea Social y Popular y juntos desde nuestras diversidades construir de forma colectiva el Estado plurinacional.

Mazatenango, Suchitepéquez, 6 y 7 de octubre del año 2017.