Al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional y organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, denunciamos la violación de derechos humanos cometida el día de hoy por agentes antimotines contra el pueblo maya chuj, q’anjob’al, akateko y popti´ del departamento de Huehuetenango, para proteger los intereses de las empresas privadas de capital nacional e internacional, mismos que exigimos al gobierno que sean suspendidos inmediatamente.

Manifestamos nuestro rechazo a la cadena de actos flagrantes de violación de derechos humanos que dieron inicio el treinta de octubre del presente año, con desalojos violentos ocurridos contra el pueblo maya q’eqchi’ en Chaab’il ch’och’, en Livingston, Izabal; luego en Se´muy, en Senahú; después en la Cumbre Chamché, en Taktik A.V. y, hoy trece de noviembre, las fuerzas de seguridad arremeten nuevamente de forma violenta en contra del pueblo Chuj y nacionalidades del pueblo maya del norte de Huehuetenango que se manifiestan públicamente y se resisten de forma pacífica para defender la madre tierra, los bienes y recursos naturales y exigen el retiro de proyectos hidroeléctricos en la región que causan destrucción del tejido social y de la madre tierra y la naturaleza, especialmente el que provoca el llamado Proyecto de Desarrollo Hídrico PDHSA en Yxkisis San Mateo Ixtatán.

Exigimos que cese la desinformación y manipulación de la información que empresas, personajes públicos y sectores interesados están realizando al tergiversar los hechos, para proteger los intereses de inversionistas nacionales y extranjeros en detrimento de los derechos de los pueblos.

POR LO ANTERIOR

Manifestamos públicamente nuestra solidaridad con los pueblos maya chuj, popti´, q’anjob’al, akateko que se mantienen en resistencia para defender la madre tierra, los bienes y recursos naturales que se encuentran en ella y ejercen su derecho a su libre determinación.

Exigimos al gobierno que cumpla su función de trabajar para el bien común y deje de proteger los intereses particulares de empresarios nacionales y extranjeros destructores de la madre tierra y de la naturaleza.

Pedimos al Procurador de los Derechos Humanos y organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos, verificar y garantizar la vida, la integridad y los derechos de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en la región, para que las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación malintencionados suspendan estos actos violentos en contra del ejercicio del derecho a la manifestación y resistencia pacífica.

Guatemala, 13 de noviembre del año 2017