Conclusiones de la Misión de Verificación de la situación de comunidades expulsadas de sus tierras. Asamblea Social y Popular –ASP– y Movimiento de Mujeres Tz’ununija’

Desde hace 524 años la Bula Intercaetera (entre otros/as) aprobada por el Papa Alejandro VI, pretendió legalizar el despojo violento de la tierra a nuestros antepasados, el gobierno liberal lo pretendió hacer por medio del Registro de la Propiedad.  Desde hace 21 años los Acuerdos de Paz, especialmente los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, dan lineamientos para el ejercicio del derecho a la tierra; desde hace 20 años, el informe Guatemala: Nunca más; y, 18 años, el informe Memoria del Silencio de la CEH, señalan que el despojo de la tierra a nuestros pueblos y comunidades es una de las causas del conflicto armado; siglos después, el ejercicio de ese derecho sigue siendo un delito para las desactualizadas, descontextualizadas y retrógradas interpretaciones legales que hace el sector privado nacional y extranjero y finqueros con la complicidad de operadores de justicia, fuerzas de seguridad y gobierno.

Los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre del presente año, una comisión de la Asamblea Social y Popular –ASP– y el Movimiento de Mujeres Tz’unun Ija’ verificó las condiciones de vida y respeto de los derechos humanos de nuestros hermanos y hermanas maya q’qechi’ de las comunidades de Ch’ab’il Ch’och’ en Izabal; Semuy en Senahú y la Cumbre Sa’kuxha’ en Tactic, ambos en Alta Verapaz, víctimas de persecución penal por el sector privado, finqueros y empresas, con la complicidad del sistema de justicia penal, fuerzas de seguridad y gobierno que los días 30 de octubre, 1 y 3 de noviembre del presente año, los expulsaron de las tierras que pertenecieron a nuestros antepasados mayas.  A raíz de ello:

MANIFESTAMOS

Que ejercer el derecho a la tierra, recuperarla y protegerla, no es un delito y no debe ser criminalizado.

Que la tierra de nuestros antepasados ha sido despojada desde hace más de 500 años de manera ilegítima y corrupta y ahora se hace con la complicidad del Estado, las instituciones de justicia y de defensa de derechos humanos.

Nuestra solidaridad y apoyo a las luchas que están realizando nuestros hermanos y hermanas maya q’eqchi’ y nuestro saludo y admiración a las comunidades que las están albergando.

Nuestra más profunda indignación y rechazo por las condiciones de vida en que se encuentran actualmente nuestras hermanas y hermanos mayas q’eqchi’ de Ch’ab’il Ch’och’, Semuy y la Cumbre Sa’kuxha’, que calificamos como antiéticos, inmorales, injustos y genocidas del gobierno de Guatemala, las instituciones de justicia, de defensa de los derechos humanos y de quienes han despojado con apariencia legal pero corrupta e impune las tierras a sus propietarios legítimos, ancestrales e históricos.

POR LO ANTERIOR EXIGIMOS

Al gobierno, instituciones de justicia penal y a las fuerzas de seguridad respetar el derecho de nuestras hermanas y hermanos maya q’eqchi’, de Chabil Ch’och’, Semuy, y la Cumbre Sa’kuxha, el derecho de acceso, recuperación, defensa y protección de la tierra así como los derechos individuales, colectivos y específicos de la vida, libertad, salud, alimentación, seguridad, servicios básicos, vivienda, espiritualidad, cultura, la identidad, vida digna, derechos específicos de la mujer, la niñez y la adolescencia, el debido proceso, la defensa, acceso a la justicia entre otros; a cumplir los compromisos asumidos en la Constitución Política, los Acuerdos de Paz, el Convenio 169, las Declaraciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano relacionados al derecho a la tierra de los pueblos indígenas a garantizar los derechos humanos de nuestros pueblos y comunidades y el bien común y no utilizar el sistema de justicia penal para reprimir legalmente a la población que está en su legítimo derecho de recuperar lo que es propiedad ancestral, legítima e histórica.

Al Ministerio Público y al sistema de justicia penal, retirar los cargos en contra de los detenidos y las órdenes de captura solicitados en contra de padres y madres de familia de las comunidades antes mencionadas y que estaremos alertas a las acciones que el gobierno y el sistema de justicia realice al principio de este año en materia de criminalización por ejercer el derecho a recuperar y proteger la tierra.

Dejar de utilizar los mecanismos de terror aplicados por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado en contra de los pueblos indígenas, que se encuentran y siguen impunes con el silencio cómplice de las instituciones estatales de defensa de los derechos humanos.

A los organismos internacionales de defensa de derechos humanos pedimos que se exija al Estado de Guatemala por medio de su gobierno garantizar los derechos de las comunidades afectadas y de aquellas que se encuentran en igual o similar situación.

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR –ASP –

MOVIMIENTO DE MUJERES TZ’UNUN IJA’

EJERCER DERECHOS FUNDAMENTALES NO ES DELITO, LOS QUE HAN COMETIDO DELITO SON QUIENES DESPOJARON A NUESTROS ANTEPASADOS DE LA TIERRA

Guatemala, 28 de diciembre del año 2017