El derecho de acceso a la tierra no es un crimen. Criminal es quien se la quita ilegal, ilegítima, corrupta y violentamente a su propietario histórico, legítimo y ancestral.
La Asamblea Social y Popular, ante la criminalización que hace el Estado por medio del sistema de justicia penal y fuerzas de seguridad, a las comunidades maya q’eqchi’ de Chab’il Ch’och’, Semuy y La Cumbre Sak’uxja que luchan por recuperar, defender y proteger la tierra, los bienes y recursos naturales, en el XXI aniversario de la firma de la paz.
MANIFIESTA
1. Que los verdaderos invasores y usurpadores, son quienes despojaron violenta y criminalmente la tierra a nuestros antepasados mayas y xinkas, la legalizaron por medio de la Bula Intercaetera aprobada por el Papa Alejandro VI, las leyes y registro de la propiedad inventadas por la oligarquía terrateniente y dejar impunes a los verdaderos autores y cómplices de los delitos de usurpación, usurpación agravada, usurpación continuada, conspiración y proposición para la usurpación y discriminación en los últimos 500 años.
2. Que la acción de nuestros hermanos y hermanas para recuperar, defender y proteger la tierra no debe tipificarse como delito, es el ejercicio de un derecho que no ha sido respetado, ni resuelto por el Estado y el gobierno, no obstante los lineamientos para resolver las causas del mismo que se establecen en los Acuerdos de Paz y los informes de la memoria histórica relacionadas al conflicto armado.
3. Que el Estado sigue utilizando los mecanismos del terror del conflicto armado, las leyes vigentes, el sistema de justicia penal, las fuerzas de seguridad y las instituciones de defensa de los derechos humanos, para reprimir el ejercicio del derecho a la tierra, como recientemente ocurrió en Chab’il Ch’och’, Semuy y la Cumbre Sak’uxhá.
4. Por eso exigimos al Estado:
a) No seguir utilizando los mecanismos de terror del conflicto armado, el sistema de justicia penal y fuerzas de seguridad para reprimir a quienes ejercen su derecho a la tierra y favorecer a la oligarquía terrateniente;
b) Dejar de reprimir y perseguir penalmente a nuestros hermanos y hermanas que luchan por el derecho de acceso a la tierra;
c) Archivar los procesos abiertos en contra de Rosendo Chen, de la Cumbre Sak’uxja’, Tactic, A.V. y Ricardo Maquín de Semuy, Senahú, A.V.;
d) Dejar sin efecto las órdenes de captura libradas en contra de 19 hombres y 4 mujeres en Semuy, 6 hombres en La Cumbre Sak’uxja’ y contra los jefes de familia de Chab’il Ch’och’;
e) Investigar y sancionar a quienes dieron muerte a Emilio Toc Pop, de Semuy, Senahú A.V.;
f) Que el Estado asuma su responsabilidad de resolver el problema de la tierra basado en los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz e instrumentos internacionales en materia de derecho de los pueblos indígenas y no por medio de la justicia penal; y,
g) Que las instituciones de derechos humanos cumplan su función de velar por el respeto del derecho humano a la tierra de nuestros pueblos.
Asamblea Social y Popular, 30 de diciembre de 2017
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