Representantes de 12 comunidades en resistencia, de San Juan Sacatepéquez, denunciaron públicamente los ataques violentos que sufrieron el pasado 3 de julio, al ser desalojados por aproximadamente 70 personas encapuchadas que portaban armas de fuego y armas blancas.

Los comunitarios mantenían una manifestación pacífica en contra de la empresa cementera Cementos Progreso, entre los puentes Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca, y por la construcción de la carretera denominada Anillo Regional, que estratégicamente está construida para beneficiar a la empresa cementera.

En la conferencia de prensa desarrollada hoy, se denunció que 14 hombres y 3 mujeres resultaron heridos, además de las repercusiones emocionales que ha tenido la represión que han sufrido las comunidades.

Los líderes comunitarios también denunciaron que la empresa cuenta con protección de la Policía Nacional Civil y del ejército. “Para proteger a la empresa hay 10 radio patrullas, mientras que para proteger al pueblo solo hay 1”, manifestaron, al referirse a la subestación policial que está en las cercanías de la empresa. También se cuestionaron si éstas son las funciones de las fuerzas de seguridad.

PDH conoce la situación

El pasado 22 de junio el Procurador de los Derechos Humanos, PDH, Jordán Rodas, realizó una visita de inspección a las comunidades, donde constató las violaciones de las que han sido víctimas los pobladores. Acoso sexual a las mujeres, por parte de policías, fueron algunas denuncias, así como el temor que viven los niños, así como la privatización de caminos ancestrales, que tienen por lo menos unos 400 años de existencia, pero que ahora la empresa se los ha apropiado.

“Voy a dar seguimiento a lo que aquí están viviendo. Vamos a mantener comunicación con las autoridades comunitarias aquí presentes. Esto no quedará solo como una visita, habrán resultados”, dijo el procurador en esa ocasión.

No debemos volver al pasado

Los comunitarios manifestaron que sufrieron violencia durante el conflicto armado y es algo que no debe repetirse.

Exigen al Ministerio Público que haga las investigaciones correspondientes, para dar con los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Así mismo, exigen al Ministerio de Gobernación, que retire a los elementos policiales que están al servicio de la empresa y que realicen labores para proteger al pueblo. Así mismo, al Ministerio de la Defensa, que retire las fuerzas militares.

También solicitan a la Procuraduría de los Derechos Humanos, un acompañamiento permanente, así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala.

Demandan al Ministerio de Energía y Minas el respeto a la voluntad popular expresada en la Consulta de Buena Fe realizada en 2007, la cual no ha sido respetada por esta cartera, la empresa y el alcalde municipal.

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Fotografías: CUC