En los últimos meses los Pueblos Originarios hemos sido blanco de ataques por parte de grupos paramilitares promovidos por intereses empresariales y de megaproyectos, avalados y/o en complicidad con el Estado de Guatemala.
Entre enero y julio al menos diez dirigentes campesinos, defensores del territorio y derechos humanos han sido asesinados con crueldad; criminalización a dirigentes campesinos, incremento de ordenes de captura, envío a juicio oral y público y condenas contra defensores de los bienes naturales. Comunidades han sido desalojadas de territorios recuperados o que estaban en resistencia contra el abuso de cobros por servicios o construcción de proyectos que se imponen en los territorios y amenazan derechos de los Pueblos Originarios.
El pasado 3 de julio un grupo integrado por aproximadamente setenta personas encapuchadas y con armas de fuego y blancas atacaron a comunitarios de las 12 comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, en el Puente entre Santa Fe Ocaña y Cruz Blanca, lugar donde mantienen la resistencia Pacífica y Permanente ante la empresa cementos Progreso. Tras el atentado 14 hombres y 3 mujeres resultaron heridas. Niños, ancianas, mujeres embarazadas se vieron en medio de un ataque violento que ha repercutido física y emocionalmente en las y los comunitarios.
La violencia y el terror ha ido en aumento en los últimos meses, se han valido de la impunidad para actuar en contra de los pueblos. En un país que recientemente ha salido de un largo Conflicto Armado Interno, que incluso devino en genocidio contra los pueblos originarios, NO PUEDEN ESTAR SUCEDIENDO ESTOS HECHOS. NO DEBEMOS VOLVER AL PASADO.
EXIGIMOS:
Al Ministerio Público que realicen todas las investigaciones necesarias para dar con los responsables materiales e intelectuales de este hecho violento.
Al Ministerio de Gobernación se solicita el retiro de los efectivos de la Policía Nacional Civil que permanecen en el sitio del conflicto, su función es brindar seguridad ciudadana, mas no a la empresa cementera.
Al Ministerio de la Defensa, retirar de inmediato los efectivos de las fuerzas militares que permanecen en el territorio, protegiendo los intereses de la empresa cementera; ¿Será esa la función del ejército?
Al Ministerio de Energía y Minas, exigimos el respeto de la voluntad popular expresada en la consulta comunitaria de buena fe realizada en 2007.
PEDIMOS:
A la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y a la Procuraduría de los Derechos Humanos su acompañamiento permanente para resguardar la vida e integridad de quienes defienden el territorio y los bienes naturales.
A las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos su actuación ante estos hechos que violentan la integridad física, la vida y la labor ejercida por defensoras y defensores de derechos.
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Guatemala 5 de julio 2018
Nunca más una Guatemala sin los Pueblos
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